Sobre las recomendaciones hechas por Conectadas para la atención a casos de violencia de género dentro del IFT

En septiembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) integró un grupo de trabajo para atender las distintas formas de violencia de género al interior del Instituto, a partir de que se dio a conocer públicamente un caso en contra de una servidora pública del órgano regulador, por parte de un superior, que dio lugar a la revictimización de la afectada.

La asociación civil Mujeres por Más Mujeres (Conectadas) fue invitada a participar en dicho grupo de trabajo que se dio a la tarea revisar la situación de las distintas formas de violencia que han ocurrido en el entorno laboral.

Conectadas aceptó participar en ese grupo de trabajo con el propósito de contribuir con una mirada externa a encontrar soluciones eficaces que protejan los derechos de las servidoras públicas del IFT y les brinden mejores condiciones para su desarrollo e inserción profesional.

Con el objetivo de contribuir a la construcción de una estrategia que garantice medidas y mecanismos de prevención eficaces, realizamos desde el primer día una serie de recomendaciones al Grupo Institucional de Trabajo para la Prevención de la Violencia del IFT, que a continuación se detallan:

• Para lograr dimensionar fenómenos como la violencia y el acoso en el entorno laboral, es sustancial realizar un diagnóstico a fondo que permita entender el problema, proceso en el que se permita escuchar a todo el personal para recabar información sobre los tipos de violencia identificados, prácticas antisociales invisibles, incentivos y barreras a la denuncia por parte de las víctimas. Como parte del diagnóstico, también se recomendó evaluar el funcionamiento del comité existente para la atención de casos de violencia, considerando sus resultados, limitaciones y obstáculos a los que se ha enfrentado. En respuesta a esta recomendación , el IFT emprendió la realización de una encuesta anónima entre su personal.
• Otra de las recomendaciones expresadas por Conectadas fue la contratación de una firma o equipo de expertas en combate a la violencia de género en el contexto laboral, con experiencia en prácticas efectivas de prevención y combate a toda forma de violencia en organizaciones del sector público, para acompañar todo el proceso desde el diagnóstico hasta la definición de soluciones.
• Asimismo, se sugirió establecer una estrategia integral articulada, con indicadores de desempeño y posibilidad de ser evaluada en el tiempo.

El grupo de trabajo celebró varias reuniones en las que se fue avanzando en el análisis del problema, aportando perspectivas y recomendaciones en cada etapa. La última reunión de trabajo tuvo lugar en enero, para revisar una propuesta desarrollada por el IFT para un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la Discriminación.

Respecto de ese protocolo, desde Conectadas hicimos diversas observaciones, algunas generales y otras puntuales. Varias de ellas reflejan las recomendaciones que hicimos desde las primeras reuniones de trabajo y que, en esa versión que conocimos, todavía no estaban atendidas. El IFT nos informó que nuestras observaciones serían consideradas para generar una nueva versión del borrador de protocolo, que será entregado a la Lic. Leticia Bonifaz, a quien el Instituto contrató para hacer la revisión final de ese instrumento.

No conocemos esa versión revisada. Algunas de las observaciones más relevantes que hicimos al borrador que revisamos son las siguientes:

• El protocolo no es una estrategia integral, sino sólo uno de los instrumentos que deberían integrarla. En los documentos compartidos dentro del grupo de trabajo no se considera abordar estos asuntos en el código de ética, los lineamientos del servicio profesional, códigos de conducta o de comunicación institucional, ni otros instrumentos.
  El Comité u órgano encargado de recibir las quejas y atenderlas, así como de aplicar las sanciones procedentes, tiene que ser un órgano externo, ajeno al IFT, para evitar conflictos de interés, sesgos conscientes e inconscientes y que las relaciones jerárquicas incidan en las decisiones. Además, un comité externo permitiría que el mismo se integre con personas especializadas en violencia de género. Sin embargo, el proyecto contempla un comité integrado por servidores públicos del IFT, con una estructura que refleja las jerarquías del estatuto orgánico y sin formación específica en el tema.
• El protocolo debería especializarse en violencia en razón de género, incluyendo la de índole sexual e institucional. La atención de este tipo de violencia requiere perspectiva de género. No obstante, el proyecto atiende todas las formas de violencia y las confunde.
• El protocolo debe incluir todas las medidas disciplinarias necesarias, como la rescisión de la relación laboral, reparación, capacitación, presentación de denuncias ante otras autoridades, etcétera, pero el proyecto no las contempla
• Es prioritario preservar las condiciones de trabajo de la víctima y en ningún caso plantear su separación del cargo o puesto o cualquier otra medida que pueda revictimizarla. No obstante, detectamos algunas cuestiones dentro del borrador de protocolo que pueden dar este resultado.
• Atención idónea. Debe elaborarse un protocolo para las entrevistas, garantizar el anonimato de la víctima, así como medidas de protección estándar para evitar su revictimización y la afectación a la privacidad.
• El protocolo no contempla acciones contra la violencia institucional, que consideramos está presente en la cultura laboral del IFT, normalizada e invisibilizada, tanto, que no aparece en el proyecto. Este tipo de violencia es un factor que favorece y refuerza las demás formas de violencia identificadas con un responsable directo, pues es la organización quien finalmente termina cobijando a los responsables y castigando a las víctimas.

Cabe mencionar que tanto el procedimiento ante el Comité como las reglas de conducta (Código de Ética y otros), las sanciones, medidas precautorias, manejo del caso y anonimato de la víctima deben pasar todas las pruebas de derechos humanos que expertas en estos delicados temas deben practicar. Entre otros:

• Cómo se denuncia, ante quiénes, si la víctima tiene que revelar su identidad, la rapidez del procedimiento, el alcance de las investigaciones, los coadyuvantes en el caso, la proporcionalidad e idoneidad de las sanciones, la corresponsabilidad del IFT, si tolera estos actos, la existencia de un recurso (como apelación) ante lo que resuelva el Comité; el manejo de la complicidad entre pares o no pares, entre otros temas.
• El procedimiento, por tanto, debe ser eficaz, justo, proporcional, respetuoso de principios como el debido proceso y el derecho de audiencia pero que parta de creer a las víctimas y protegerlas de posibles represalias del victimario, sus allegados, subalternos o pares. Es decir, que tenga perspectiva de género.

Confiamos que el Pleno del IFT y su nueva presidencia retomen estas reflexiones para los cambios que hemos propuesto con el fin de contar con un Protocolo de Atención a Casos de Violencia que realmente garantice la no repetición de estos casos y que éste forme parte de una estrategia de amplio alcance, sin la cual difícilmente podrá lograrse el cambio cultural que se requiere.

Asimismo, refrendamos nuestra posición sobre la importancia de que el máximo órgano de gobierno del Instituto cuente a la brevedad con las tres comisionadas que falta nombrar, pues la presencia de mujeres al frente del IFT es indispensable para contar con perspectiva de género y una visión plural y diversa.